Buscan derribar barreras educativas de jóvenes indocumentados

En el 2006, la Legislatura Estatal de Arizona aprobó una iniciativa de ley que fue enviada a los votantes de Arizona para incrementar los costos de la educación terciaria de jóvenes indocumentados. (Samuel Leal/Cronkite Noticias)

Por Samuel Leal | Cronkite Noticias

Jueves, 16 de mayo de 2019

PHOENIX — Para Karina Ruiz, la persistencia lo es todo.

Tras ser admitida a la Universidad Estatal de Arizona como estudiante de bioquímica, las cosas iban de acuerdo al plan.

“Juntaba todo lo que ganaba durante el semestre y en el verano trabajaba horas largas para poder pagar yo mis estudios”, dijo Ruiz. Además de eso Ruiz cuidaba a su hijo.

En el 2006, en medio de todos esos malabares, se topó con un obstáculo que cambiaría el curso de su vida. La proposición 300, aprobada por casi un 72 por ciento de los votantes hacía obligatorio que los estudiantes indocumentados tuvieran que pagar una colegiatura estatal como si no fueran residentes de Arizona.

“A raíz de esta ley, mi costo de la universidad se triplicó de un día al otro”, dijo Ruiz de 34 años. “Faltando un año y medio (para graduarme), me tuve que salir de la escuela”.

La historia de Ruiz no es única. Por años jóvenes como ella, que crecieron en este país sin documentos, han estado luchando para poder continuar sus estudios a través de varias demandas. Ante la ausencia de una reforma migratoria que otorgue a estos estudiantes un status permanente en el país, 13 años después el campo de batalla ha regresado nuevamente a los estados. Pero esta vez es a través de una propuesta de ley bipartidista que podría revertir los efectos de la proposición 300.

Heather Carter es la senadora republicana que inicialmente presentó la propuesta SB1217, una legislación cuyo objetivo es establecer que cualquier persona graduada de una preparatoria en Arizona pueda pagar una colegiatura estatal.

“Yo lo veo como una oportunidad de desarrollo económico para el estado”, dijo Carter. “Hay que asegurarnos que estamos ofreciendo un camino accesible para gente que desea continuar su educación en Arizona; les damos la bienvenida”.

Tony Navarrete es uno de los senadores demócratas que apoyan la propuesta.

“Me da mucho gusto ver que alguien como la senadora Carter patrocine (SB1217)”, dijo Navarrete. “Estas son grandes victorias para muchos graduados de escuelas preparatorias que tienen mucha incertidumbre al dar su siguiente paso”.

Un camino cuesta arriba

La boleta electoral del 2006 en Arizona ponía en contienda varios puestos de representación estatal: gobernador, senador y secretaria de estado. Además, incluía la proposición 300, que prohibía el acceso a fondos estatales para estudiantes universitarios que fueran indocumentados y hacía obligatorio que paguen una matrícula como no residentes del estado.

La proposición nació en la Legislatura Estatal como el proyecto de ley SCR1031 patrocinado por los senadores republicanos Dean Martin, Robert Blendu, Tom Boone, Pamela Gorman y Steve Yarbrough.

Su triunfo en la boleta fue arrasador y sintomático del clima político en el estado en ese entonces. Arizona estaba en el ojo del huracán por ser un estado fronterizo por donde entraba más del 50 por ciento de los inmigrantes indocumentados al país. Los legisladores comenzaron a promover una ola de propuestas con el ánimo de controlar la inmigración indocumentada y atraer el apoyo de los votantes arizonenses.

El impacto fue devastador para los jóvenes sin documentos. En base al mandato que establece la proposición 300, miles de estudiantes indocumentados en Arizona no solo tuvieron que pagar costos más elevados sino que dejaron de tener acceso a becas estatales para su educación terciaria.

Para tener una idea, un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona inscrito como residente, puede pagar entre $20,000 a $22,000 por un año de cursos. Cuando un estudiante no es considerado residente, puede llegar a pagar una matrícula entre $44,000 a $46,000 anualmente.

Cuando el expresidente Barack Obama implementó un programa federal conocido como DACA en agosto de 2012, que ofrecía un alivio temporal de la deportación a algunos jóvenes que crecieron en el país sin documentos, se abrieron nuevas oportunidades.

Por un tiempo, las cosas cambiaron y los jóvenes pudieron pagar matrículas al costo de residentes. Pero esos cambios federales también llevaron a nuevas demandas y a que los estudiantes como Ruiz vivieran en una montaña rusa.

Vientos de cambio

A más de una década de la implementación de la proposición 300, miembros del sector comercial afirman que su impacto no solo ha sido dañino para los jóvenes con DACA, sino también para la economía del estado.

“¿Tenemos una situación donde hay mucha gente que se ha desempeñado en nuestro sistema K-12, y qué es lo que quieren hacer? Seguir avanzando”, dijo Glenn Hamer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, durante un testimonio en la Legislatura. “Quieren ir a nuestros colegios comunitarios y quieren ir a nuestras universidades; quieren contribuir a la economía del estado de Arizona”.

Para Hamer, esto terminaría por llenar un vacío laboral en el estado.

“Estamos en un punto único”, dijo Hamer. “Hay más trabajos disponibles en Arizona que gente para llenarlos”.

Hamer testificó a favor de la propuesta el 4 de febrero, cuando argumentó que darle acceso a un costo de matrícula estatal a esta población es algo con mucho potencial económico, particularmente para los beneficiarios de DACA de Arizona.

Un estudio realizado por el Centro para Progreso Americano (CAP por sus siglas en inglés) en el 2017 determinó que las personas que cuentan con DACA contribuyen más de $1,300 millones a la economía estatal.

Además, a nivel nacional, el CAP también descubrió que el 63 por ciento de los beneficiarios de DACA obtuvieron un mejor trabajo con un aumento de salario tras recibir este beneficio.

Arizona cuenta con aproximadamente el 4 por ciento de la población de DACA a nivel nacional, cifra que sitúa al estado en el sexto puesto nacionalmente. Estos datos fueron publicados en un estudio realizado por la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos en el 2017.

¿Una esperanza, o solución parcial?

En el 2019, la propuesta SB1217 representa la mayor aproximación a una solución para miles de inmigrantes indocumentados buscando su educación terciaria en Arizona.

Pero las cosas no están del todo aseguradas.

Pese a contar con apoyo bipartidista, la propuesta no avanzó lo suficiente en ambas cámaras de la Legislatura, la cual todavía continuaba en sesión al cierre de esta edición, superando los tradicionales 100 días.

El futuro de cualquier legislación depende en última instancia de la firma del gobernador Doug Ducey.

Hay quienes piensan que la promesa de la SB1217 quizás no corrija las barreras estructurales establecidas por la proposición 300.

Denis Alvarez es una estudiante indocumentada en la Universidad Estatal de Arizona y además es beneficiaria de DACA.

Aunque tener el estatus de DACA le ofrece más opciones y recursos para navegar el sistema de educación terciaria, Alvarez se dijo aún afectada por las regulaciones que establece la proposición 300.

“Si no fuera por la proposición 300, hubiera podido conseguir becas patrocinadas por ASU”, dijo Alvarez. “No hubiera sido tan difícil encontrar becas a las que podía aplicar”.

Sin embargo, Alvarez no piensa que SB1217 sea el remedio que algunos han considerado.

“No sería el mismo costo de matrícula que existía antes de la (Proposición 300)”, dijo la estudiante. “Lo que crea es un grado diferente de matrícula”.

Por otro lado, hay quienes respaldan el esfuerzo que propone la ley.

Carmen Cornejo, miembro del Consejo Administrativo de Chicanos Por La Causa. (Foto por Sam Leal/Cronkite Noticias)

“Yo pienso que es una muy buena oportunidad para clarificar la situación de los estudiantes indocumentados”, dijo Carmen Cornejo miembro del Consejo Administrativo de Chicanos Por La Causa, una organización sin fines de lucro que se enfoca principalmente en asistir a la población latina en Arizona. “Muchos de ellos han estado aquí la mayor parte de sus vidas (y) gran parte de su infancia. Se han educado en nuestras escuelas en Arizona”.

Un estudio realizado por la Junta de Regentes de Arizona en septiembre de 2018 concluyó que el número de estudiantes inscritos en universidades estatales ha aumentado lentamente.

En el 2017, el 52.6 por ciento de los graduados de una escuela preparatoria en Arizona se inscribieron en un colegio estatal. Esta cifra refleja un declive de 0.9 por ciento del número de estudiantes inscritos en el 2012. En aquel entonces, el porcentaje de estudiantes inscritos en universidades estatales era de 53.5 por ciento.

John Arnold, director ejecutivo de la Junta de Regentes desde julio del 2018, afirmó que facilitar el acceso a la educación terciaria en Arizona debería ser una prioridad.

“Si el grado actual de inscripción no mejora, la economía de Arizona tendrá bajo rendimiento”, dijo Arnold. “Nuestros residentes no verán los beneficios que trae la educación terciaria, como salarios elevados, desempleo más bajo y mejor salud”.

Sin embargo, este declive no es el problema central para Arnold. En su opinión, el problema principal es que la educación terciaria de Arizona está “tan atrasada en comparación con el resto del país”.

Arnold también opinó que esto puede atribuirse parcialmente a los efectos que ha tenido la proposición 300.

“¿Será que inhibe a nuestros (estudiantes) de ser educados? Yo creo que sí”, dijo Arnold.

Arnold además opinó que propuestas como la SB1217 podrían ayudar a remediar este problema.

“Creo que potencialmente podría aumentar el número de estudiantes inscritos en universidades”, dijo Arnold. “Entre más educados están nuestros estudiantes, mejor para el estado”.

Después de que la SB1217 fuera frenada por el senador republicano y presidente de la Cámara de Representantes Rusty Bowers tras negarse a ponerla a voto, la senadora Carter la mantuvo viva por medio de una enmienda “striker”. Esto se refiere al acto de reemplazar una propuesta existente con el lenguaje de otra.

Carter reemplazó la propuesta HB2186, una legislación que originalmente buscaba hacer ajustes a los estatutos para cobrar los almuerzos escolares en escuelas públicas por el texto de la SB 1217.

El 28 de marzo, la propuesta fue presentada con su nuevo lenguaje al Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado, donde miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de dar testimonio al respecto.

La representante republicana Michelle Udall, quien originalmente presentó la HB2186, testificó a favor de la propuesta modificada.

“Podemos tener jóvenes sin educación, incapaces de mantenerse a sí mismos o a sus familias, o podemos tener jóvenes educados que pueden mantenerse a sí mismos y a sus familias y contribuir a nuestra economía sin ningún costo extra para el estado”, dijo Udall. “Para mí, la mejor opción es clara: tener jóvenes educados”.

Tim Rafferty, residente de Tempe, habló en contra de la propuesta.

Rafferty se identificó como vocero de “más de un millón de votantes en Arizona que aprobaron la proposición 300”.

“Les pedimos que voten en contra de esta propuesta”, dijo Rafferty. “Por una razón: este cambio indirectamente apoya la inmigración ilegal”.

La HB2186 pasó del Comité de Salud y Servicios Humanos con 5 votos a favor y 3 en contra, al Comité de Reglas, donde no fue puesta a votación.

Como directora ejecutiva del Arizona Dream Act Coalition, Karina Ruiz se mantiene al tanto de todo lo que tenga que ver con la comunidad inmigrante en el estado. (Foto por Sam Leal/Cronkite Noticias)

Para Karina Ruiz, la incertidumbre que trae cada nueva sesión legislativa no es nada nuevo.

Cómo Directora del Arizona Dream Act Coalition, organización que se enfoca en avanzar los derechos de la comunidad indocumentada en Arizona, Ruiz dice estar acostumbrada a los altibajos.

“Esta (propuesta), aunque tiene buenas intenciones, creemos que (necesita) más trabajo”, dijo Ruiz. “Es un tema que se tiene que atender”.

Pese al futuro incierto, Ruiz también afirmó que su deseo de ver a la comunidad inmigrante salir adelante no será frenado por algunos tropiezos.

“Arizona es mi casa”, dijo Ruiz. “Aquí es donde pertenezco”.