Madre e hija denuncian condiciones deplorables en detención con la Patrulla Fronteriza

Glenda De La Vega Fernández habló sobre su experiencia cuando fue detenida por la Patrulla Fronteriza con su hija, Dariana De La Vega Torres, de 12 años y su esposo. (Foto por Brianna Bradley/Cronkite Noticias)

TUCSON — Cuando Glenda De la Vega Fernández, su esposo Jesús Antonio Torres y su hija fueron detenidos por el Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés) de Arizona por tener cristales polarizados en su automóvil.La familia iba de camino a la farmacia para comprar medicina para su hija de 12 años, y no sabían que Torres acabaría siendo deportado.

Según una declaración de la Patrulla Fronteriza, el martes, 19 de marzo, un oficial de DPS paró el auto donde viajaba la familia, cerca de la intersección de la Calle 22 y la Avenida 9 en Tucson. Un vocero de la Patrulla Fronteriza dijo que no darían más información del caso tras preguntas de Cronkite Noticias.

DPS contactó a la Patrulla Fronteriza y un agente detuvo a toda la familia. En un video captado por una coordinadora de Southside Worker Center en Tucson, Jessica Rodriguez, el agente le dijo que no los separarían, pero la madre e hija pasaron tres días en detención. Torres fue deportado el mismo día que ellas salieron en libertad.

“Pude ver a mi hija por unos minutos pero nos ubicaron en habitaciones diferentes”, dijo De la Vega.

El caso de la familia De la Vega se suma a una larga saga de denuncias sobre las condiciones en las que la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson detiene a migrantes, y despierta preguntas sobre la cooperación de agentes de la ley locales con autoridades de migración. Esto sucede a la par que el flujo de migrantes centroamericanos que llegan por la zona de El Paso, Texas y Yuma, Arizona ha resultado en protestas sobre las condiciones en las que estas personas son detenidas por la falta de espacio.

De la Vega contó que las condiciones de detención la primera noche fueron muy duras El cuarto donde estaba tenía alrededor de veinte mujeres y estaba muy apretada, agregó. De la Vega dijo que tuvo que dormir de lado, porque no había espacio.

“En el cuarto donde estaba la niña estaba muy apretado y estaba muy estresada”, dijo. “Porque necesitaba entrar al baño y debido de que estaba muy lleno de niñas, había niñas durmiendo al lado del escusado”.

De la Vega contó que el baño estaba en el mismo espacio en que se encontraban con una pared corta por encima de su cintura. “Debido a que el ambiente era realmente frío, salimos de ese lugar muy enfermos aunque mi hija ya estaba enferma” dijo.

De la Vega compartió su experiencia el jueves, 28 de marzo, durante una conferencia de prensa donde se reunieron alrededor de 20 activistas de la comunidad en la iglesia Southside Presbyterian Church en Tucson en apoyo.

El problema no es nuevo. En junio de 2015, la Unión Americana de Libertades Civiles (Roe vs. Nielsen) presentó una demanda en contra de la Patrulla Fronteriza en Tucson por las condiciones precarias en sus celdas para detener personas a corto plazo. ACLU denunció que las personas estaban siendo “detenidas en celdas congeladas, hacinadas y sucias por largos periodos de tiempo, sin acceso a camas, jabón, duchas, comidas adecuadas y agua, atención médica y abogados en violación de las normas constitucionales y las propias políticas de la Patrulla Fronteriza”.

Según Billy Peard, un abogado de ACLU de Arizona y parte del equipo de abogados que presentó la demanda en 2015, el caso se encuentra a la espera de una orden judicial del juez federal David C. Bury de la Corte del Distrito Federal de Arizona.

Los abogados de ACLU pidieron al juez que requiera se mejoren los exámenes médicos que se realizan de los detenidos en la celda de detención temporal de la Patrulla Fronteriza.

En este momento son los mismos agentes de la Patrulla Fronteriza quienes efectúan los exámenes médicos con su conocimiento de primeros auxilios.

“Los niños han muerto bajo custodia porque creemos que la Patrulla Fronteriza no está procesando activamente a las personas ni haciendo exámenes médicos”, dijo Peard.

Peard explicó que la Patrulla Fronteriza recibió un mandamiento judicial preliminar del juez en mayo de 2016 que requería los siguientes cambios en las celdas de detención: tapetes para dormir y mantas mylar, una manta hecha con un tipo de aluminio, también referida como manta de supervivencia.

“Antes de la demanda, la gente dormía en el piso de concreto sin mantas ni nada” dijo. “Nos gustaría tener camas completas, como lo haría una prisión tradicional o una cárcel”.

Peard enfatizó que la privación del sueño es un problema enorme porque, en este momento, tienen las luces encendidas a las 24 horas del día.

“Nos gustaría ver una orden permanente que requiera que al menos atenúen las luces de la celda una cierta cantidad de horas por día” dijo.

Peard explicó que en este momento, la Patrulla Fronteriza tiene solamente el requisito de proporcionar duchas cuando un detenido ha estado allí durante tres días.

“Eventualmente nos gustaría que ofrecieran duchas al llegar” dijo.

Departamento de Seguridad Pública cooperando con la Patrulla Fronteriza

La forma en la que De la Vega y su familia fueron detenidas por DPS y cómo eso resultó en una llamada a la Patrulla Fronteriza ha despertado preguntas sobre la cooperación de autoridades locales con el gobierno federal.

Una ley estatal hacía obligatorio que los agentes de la ley contactaran a autoridades de migración si sospechaban que una persona en una parada de tránsito u otra interacción se encontraba en el país ilegalmente. Pero tras un acuerdo en las cortes en el 2016, a raíz de una demanda, los policías y oficiales de la ley no tienen la obligación de hacer esa llamada, aunque nada se los prohíbe. Lo que no pueden es prolongar la detención de una persona más allá de lo que se tarden en dar una infracción de tránsito.

En el caso de De la Vega, después de que el oficial se fijó en los cristales polarizados “él pidió mi licencia y me pidió mi pasaporte o visa”, explicó.

De La Vega dijo que presentó su pasaporte mexicano y la policía también pidió documentos a su marido. Agregó que la policía nunca le pidió una forma de identificación de su hija.

“El (oficial) regresó a su vehículo para hacer todo el papeleo necesario”, dijo. “Después él supuso que según el carro era robado, llamó a un agente de pruebas de vehículos para verificar el auto”.

De la Vega dijo que después que descubrió que el automóvil no era robado, la policía dijo que la identificación que ella había mostrado era falsa.

DPS dijo que no harían declaraciones sobre este caso, y tras preguntarles sobre sus políticas a la hora de contactar a las autoridades de migración dijeron que sería necesario hacer una solicitud de documentos públicos.

Al presentarse la Patrulla Fronteriza en el lugar de la parada de tráfico donde estaba la familia, varios activistas de Tucson se reunieron en protesta y un hombre se metió debajo del vehículo de las autoridades federales para evitar que se llevarán a la familia.

En un video captado por activistas, los mismos le preguntan al oficial de DPS si él llamó a la Patrulla Fronteriza y el oficial dice que es “una cosa automática”.

Los activistas le preguntaron al oficial de la Patrulla Fronteriza por qué detuvieron a la familia y el agente respondió, que los estaba deteniendo porque ellos no tienen visas para estar legalmente en los Estados Unidos.

El agente de la Patrulla Fronteriza dijo a los activistas que DPS llamó a su despachador para pedir asistencia en el área del control de tránsito. El agente dijo que es rutinario ayudar al DPS en una parada de tráfico cuando llaman.

“Después de que los agentes colocaron a los tres ocupantes del vehículo bajo custodia por violaciones de inmigración, los agentes arrestaron a un hombre adulto luego de que él se colocara debajo del vehículo del agente para evitar que se mueva”, dice la declaración de la Patrulla Fronteriza.

Apoyo comunitario

“No es solamente la separación familiar de lo que estamos hablando sobre aquí pero también el impacto de la separación familiar en nuestra comunidad”, dijo Jessica Rodriguez, organizadora de Southside Worker Center, un centro de trabajo para jornaleros. “Ahora tenemos tres niños que no tienen acceso a su papá. Tenemos una mamá que está tratando de determinar qué va a hacer sin su esposo”.

La pastora Alison Harrington y la activista Jessica Rodriguez hablaron en apoyo de la familia en una rueda de prensa en Southside Presbyterian Church en Tucson el jueves, 28 de marzo. (Foto por Brianna Bradley/Cronkite Noticias)

Southside Presbyterian Church es una iglesia conocida, históricamente, por su apoyo a inmigrantes detenidos y deportados en Tucson. La pastora Alison Harrington abrió la conferencia de prensa donde hicieron una denuncia pública con una afirmación de su apoyo de la familia.

“La semana pasada nos reunimos en este lugar para solidarizarnos con Glenda, con Dariana y con Jesús”, dijo Harrington. “Esta semana nos reunimos nuevamente para fortalecer nuestro compromiso con esta familia. Continuaremos acompañándolos a lo largo de este viaje”.

Mientras Jesús ya ha sido deportado, su esposa y sus niños todavía necesitan registrarse con ICE y esperar su cita en la corte de inmigración, explicó Rodriguez.

“Estamos todavía impresionados que mi esposo no está con nosotros pero, pues todavía nos queda terminar nuestro proceso (legal) el mío y el de la niña y ver qué decisión va a ser la final” dijo De la Vega.