Prevalecerá justicia afirman defensores de No Más Muertes

Un grupo de la organización No Más Muertes se junta en la calle para protestar el juicio afuera de la corte federal en Tucson. (Foto por Meg Potter/Cronkite News)

PHOENIX— La decisión de un juez federal que declaró culpables a cuatro voluntarias del grupo humanitario No Más Muertes de delitos menores en relación a su trabajo humanitario será apelada, según confirmó uno de los fundadores de esa organización.

El veredicto fue el primero en una serie de casos en contra de voluntarios del grupo, que se dedica a proveer comida, agua y otras provisiones para migrantes que están cruzando la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso legal. En total, nueve de los voluntarios del grupo fueron acusados de delitos menores, y uno de ellos también fue acusado de delitos graves.

“La decisión será apelada, al igual que otras decisiones que trataron de criminalizar el proveer ayuda humanitaria en medio de esta terrible tragedia que está ocurriendo en nuestro desierto y que ha existido durante años”, dijo el reverendo John Fife, un activista y uno de los fundadores de No Más Muertes que actualmente es voluntario de ese grupo.

El juicio, que involucró a cuatro de los nueve voluntarios y duró tres días es el primero de esta naturaleza bajo la administración del presidente Donald Trump. El grupo ha dicho que la criminalización de la labor de sus voluntarios es parte de un endurecimiento de las políticas migratorias dentro de esa administración y constituye una “sentencia de muerte” para los migrantes.

La Patrulla Fronteriza no pudo hablar con Cronkite Noticias debido al actual cierre del gobierno federal. Art Del Cueto, un vocero de la Unión Nacional de la Patrulla Fronteriza dijo, en una entrevista previa al juicio, que los agentes de la Patrulla Fronteriza tampoco quieren que las personas mueran en el desierto, pero que su objetivo principal es “detener el tráfico de ilegales”.

El juez Bernardo P. Velasco declaró culpables a Madeline Abbe Huse, Natalie Renee Hoffman, Oona Meagan Holcomb, y Zaachila I. Orozco-McCormick de entrar al Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta sin autorización y abandonar propiedad allí. Hoffman también fue declarada culpable de operar un vehículo motorizado en una área silvestre protegida.

Las voluntarias enfrentan una sentencia máxima por cada cargo de hasta seis meses en prisión y una multa entre $350 y $600 dólares, según documentos de la corte.

En su decisión, Velasco escribió que No Más Muertes no informó a las voluntarias que sus acciones pudieran llevarlas a enfrentar cargos penales.

“El tribunal solo puede especular sobre cuáles habrían sido las decisiones de las acusadas si hubieran sabido el riesgo real de su proyecto”, escribió.

Fife, uno de los fundadores de No Más Muertes, dijo a Cronkite Noticias que el grupo transmitió a sus voluntarios lo mismo que les había comunicado el Departamento de Justicia en el pasado. Eso es que no estaban interesados en presentar cargos relacionados con la ayuda humanitaria, según el activista.

Cosme Lopez, un portavoz del Departamento de Justicia, la agencia encargada de encauzar a los voluntarios, dijo que su oficina no está ofreciendo comentarios ni entrevistas sobre el caso.



No es la primera vez en la corte

El juicio reciente tiene antecedentes históricos, pero Fife dijo que fue un ejemplo de un esfuerzo intensificado “de criminalizar a los trabajadores humanitarios”.

En 2005, dos voluntarios, Daniel Strauss y Shanti Sellz, fueron arrestados por transportar a migrantes que necesitaban cuidado médico. Un juez federal desestimó los cargos en 2006.

Dan Millis, un voluntario para No Más Muertes compartió sus experiencias con manifestantes afuera de la Corte Federal DeConcini el martes 15 de enero de 2019. (Foto por Meg Potter/Cronkite News)

En 2008, el voluntario Dan Millis fue acusado y declarado culpable de tirar basura por dejar galones de agua en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires. En 2010, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos anuló su condena.

En una entrevista con Cronkite Noticias el martes, Millis dijo que Velasco también fue el juez en su caso.

“Es exactamente la misma cosa que me pasó a mi hace 10 años”, dijo. “La ayuda humanitaria tiene una crónica muy buena desde el punto de vista de argumentar ese tipo de cosas en las cortes, y tengo confianza de que al final la gente de No Más Muertes esta vez va a experimentar un resultado positivo similar”.

Ayuda humanitaria en áreas de vida silvestre

Los cargos en el juicio son en relación a actividades que las voluntarias hicieron en el verano de 2017 en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta en el sudoeste de Arizona. La administración del refugio, que es parte del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, advierte en los documentos de sus permisos que el área es “uno de los ambientes más extremos de América del Norte”, y por eso tiene reglas estrictas sobre las actividades que pueden tener lugar allí, y no permiten que se ingrese al refugio sin una autorización oficial. Para recibir el permiso que necesitan, los visitantes del refugio tienen que aceptar algunas condiciones. Entre ellas, según documentos presentados durante el juicio, se incluye el no abandonar su propiedad personal, incluso agua, comida y cobijas.

En su decisión, el juez dijo que las acciones de las voluntarias no solo violan la ley, sino que también “atentan contra la decisión nacional de mantener el refugio en su naturaleza prístina”.

Durante el juicio, Michael West, el agente del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre quien encontró a los voluntarios en el refugio sin autorización, afirmó también que su propósito principal como agente del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre es proteger la vida silvestre de cualquier situación que represente una amenaza.

Sin embargo, Millis, que ahora trabaja para el Sierra Club, una organización medioambiental, como el director de su programa fronterizo, dijo que el trabajo de grupos humanitarios como No Más Muertes no tiene nada inconsistente con la conservación de áreas como Cabeza Prieta.

“Las personas son parte del medio ambiente, y tratar de ayudar a las personas, a prevenir la muerte, prevenir el sufrimiento, eso es parte de la conservación”, dijo.

El trabajo de grupos humanitarios continua; se avecinan más juicios

Fife — quien testificó para la defensa durante el juicio y también es voluntario de una organización similar, los Samaritanos de Tucson —dijo que la condena de las voluntarias no detendrá el trabajo de grupos humanitarios en el desierto cerca de Tucson.

Geena Jackson, una voluntaria de No Más Muertes escribió un mensaje en un galón de agua que dejaría en el desierto cerca de Arivaca como ayuda humanitaria el 12 de enero de 2019 (Foto por Mia Armstrong/Cronkite Noticias)

“Tenemos una responsabilidad de asegurar que el derecho de proveer ayuda humanitaria sea mantenido”, dijo.

Fife dijo que los grupos humanitarios todavía están discutiendo si continuarán dejando ayuda en Cabeza Prieta y otras áreas protegidas.

“Confiamos en que la justicia prevalecerá al final”, afirmó el reverendo Fife.

Según No Más Muertes, los juicios de los otros cinco voluntarios acusados de delitos menores comenzarán a finales de febrero y al principio de marzo de este año.

Uno de ellos, Scott Daniel Warren, también es acusado de delitos graves relacionados con transportar y encubrir a migrantes sin autorización de estar en el país. Se anticipa que su juicio comenzará en mayo. Si es declarado culpable, su condena máxima podría ser de 20 años, según Amy Knight, una de sus abogadas.

Cronkite News contactó al Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, pero debido al actual cierre del gobierno, la administración del refugio no pudo responder.