Familias que vivieron detención alertan sobre riesgos a salud mental de sus hijos
Por Charlene Santiago | Cronkite Noticias
Martes, 20 de noviembre, 2018
WASHINGTON D.C.— Karen Zelaya y su hijo Steven Albanes de 5 años llegaron a Estados Unidos de El Salvador en agosto de 2015. De inmediato fueron enviados por dos meses a un Centro de Detención en Texas y luego fueron trasladados por 19 meses al Centro Residencial de Detención en Pensilvania, pasando un total de 21 meses bajo custodia de autoridades migratorias.
“Mi hijo llegó a tal punto que me amenazó dos veces que se iba a matar si no salía”, dijo Zelaya en una llamada telefónica con Cronkite Noticias. Ahora, de regreso en su país, Zelaya de 25 años de edad dice que aún ella y su hijo viven con el recuerdo del tiempo que estuvieron privados de su libertad.
“Al fin puedo ser libre”, fue el pensamiento que la invadió cuando fueron deportados de los Estados Unidos el 12 de mayo de 2017. Ese día dice que sintió paz y temor simultáneamente mientras miraba por la ventana de un avión a su país natal, el mismo lugar del que huyó tras ser amenazada por pandillas cuando vio que cometieron un acto delictivo.
La experiencia de Zelaya y su hijo trae a la luz el impacto emocional que puede vivir una familia tras ser privada de su libertad por un periodo prolongado de tiempo. Esto en un momento en que la administración del presidente Donald Trump busca expandir la creación de más centros de detención de familias y el tiempo que pasan en la custodia del gobierno.
Durante el tiempo que pasó en custodia, Zelaya formó parte de una demanda que reclamaba que 29 mujeres detenidas con sus hijos en el centro de detenciones administrado por el Condado Berks no habían tenido un proceso de entrevista de asilo justo.
Zelaya fue una de las mujeres a las que les negaron asilo, y mientras se buscaba que le dieran una segunda oportunidad a través de la demanda su detención se prolongó. Después de apelar varias veces, las cortes fallaron a favor del Departamento de Seguridad Nacional y Zelaya fue deportada junto a su hijo.
Trump propone más detenciones
Según cifras gubernamentales, la llegada de familias centroamericanas que piden asilo en la frontera de Estados Unidos con México aumentó 42 por ciento en el año fiscal 2018. En respuesta la administración del presidente Trump quiere abrir más centros de detención para mantener en custodia a las familias mientras se resuelve su caso migratorio.
“Esta administración ve la detención como un factor para desalentar la migración”, dijo la analista política Sarah Pierce del Migration Policy Institute, un instituto no partidario en Washington D.C. que se especializa en el tema migratorio. “Ante los ojos de la administración si las personas en Latinoamérica se enteran que las familias están siendo detenidas en un lugar tipo cárcel, eso evitará que más personas migren hacia los Estados Unidos”, dijo en inglés la experta.
En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) publicaron en conjunto en el registro federal un borrador de su propuesta para detener a más niños y familias por un tiempo más prolongado y a su vez establecer más centros de detención de menores y familias.
Actualmente hay tres centros de detención de familias, dos en Texas y uno en Pensilvania con un total de capacidad de 3,326 camas.
La detención de familias no es algo que surgió durante la presidencia de Trump, sino que comenzó a volverse una práctica durante la administración del expresidente Barack Obama.
Lo que ha cambiado es que el gobierno federal quiere anular un acuerdo judicial conocido como Flores que tiene décadas en existencia. El mismo estableció que las autoridades deben ver por el “mejor interés” de los niños lo cual incluye que no sean encarcelados. En el 2015, la juez federal Dolly Gee estableció que el tiempo límite que un menor puede estar detenido es de 20 días siempre y cuando esté con uno de sus padres. Ahora el presidente Trump quiere extender ese plazo.
La propuesta de la administración se encuentra bajo revisión tras recibir más de 96,000 comentarios públicos. El gobierno debe revisar los comentarios antes de publicar una regulación final pero no está obligado a cambiar su propuesta basado en los comentarios. Una vez se publique la nueva regla, el acuerdo Flores podría perder vigencia, pero abogados ya han presentado una moción para que la juez federal que preside el caso de Reno v. Flores intervenga.
Impacto sicológico a las familias
En una carta al Congreso, expertos en pediatría subrayan que la detención de menores puede causar daños psicológicos, emocionales y físicos tanto en los niños como para los adultos.
Zelaya vivió esas consecuencias en carne propia durante el tiempo en que estuvo detenida en Berks.
“El (su hijo) me jaló el pelo, el me mordió”, recordó Zelaya sobre cómo cambió el comportamiento de su hijo en el transcurso de su detención.
Pese a estas advertencias los funcionarios federales han reiterado que el acuerdo Flores limita su capacidad de controlar el auge de familias migrantes en la frontera.
“Mi departamento continuará pidiendo al Congreso que pase legislación que aclare que podemos detener a las familias mientras proceden sus casos. Y si están pidiendo asilo que se mantengan en custodia mientras se les adjudica su caso”, dijo la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen ante un comité del Senado.
La secretaria Nielsen dijo que a esto se suma el espacio limitado de centros de detención para familias. Como solución, DHS propone en su regulación adquirir más centros de detención de familias y a la vez, que ellos como entidad sean quienes contraten a la agencia reguladora de estos nuevos centros.
“Yo creo que más personas estarían de acuerdo que debería ser un regulador externo”, dijo Pierce una analista política del Migration Policy Institute.
Solidaridad comunitaria
Esta propuesta resulta ser más sorprendente aún para activistas como los de la comunidad de Filadelfia que llevan años luchando para que se cierre el centro de Berks.
“Si realmente somos un país que lucha por la libertad y la democracia, no deberíamos tener a familias detenidas, un niño no debería estar detenido”, dijo Michelle Angela Ortiz, una artista local de Filadelfia que por seis años ha trabajado con madres como Zelaya que han estado detenidas en Berks.
Además, la Coalición Shut Down Berks ha estado pidiendo el cierre del centro debido a varias polémicas detrás de la certificación estatal del mismo. En el 2016 su licencia para detener a menores fue anulada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Pensilvania ya que éste operaba como un centro también para adultos. Debido a su contrato federal, el centro aún mantiene sus funciones administrativas como sede de inmigración.
El grupo también ha ejercido presión sobre el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf quien tiene la última palabra sobre las licencias que el estado otorga a un centro de este tipo para que prohiba que el centro siga operando. La oficina del gobernador no respondió a varias llamadas para que comentaran al respecto.
Las autoridades del Control de Inmigración y Aduanas dijeron por escrito a Cronkite Noticias que ellos como agencia están comprometidos en brindar un ambiente seguro -humano- con las condiciones apropiadas a aquellos bajo su custodia.
Sin embargo, Zelaya dijo que para ella y su hijo la detención prolongada queda como una memoria imborrable.
“Fue bastante traumante y más que todo fue el dolor de ver a tu hijo preguntarte, ‘¿mami cuándo vamos a salir?” recordó Zelaya. “Eran preguntas que dolían porque no tenía una respuesta específica para él”.
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