Propuesta para aumentar policías en las escuelas podría afectar a familias inmigrantes

Phoenix – La organización LUCHA lleva ya más de tres semanas haciendo cabildeo con los legisladores de Arizona que desde su perspectiva están impulsando leyes contra los inmigrantes indocumentados.

Las políticas que algunos senadores y representantes quieren implementar se alinean con la agenda del presidente Donald Trump quien quiere deportar a la mayoría de los inmigrantes que han entrado ilegalmente al país, expresó Abril Gallardo, la directora de programas de LUCHA.

La organización cuyo propósito es informar y luchar por los derechos de personas indocumentadas en el país ha decidido reunirse todas las semanas en el Capitolio Estatal para vigilar a los legisladores y presionarlos a que no aprueben leyes que puedan afectar a la comunidad inmigrante.

Los promotores de varias de las medidas aseguran que no tienen una agenda “anti-inmigrante”.

Aunque a simple vista las propuestas no parezcan dirigidas a los inmigrantes, estas pueden tener un efecto negativo para muchas familias, explicó Gallardo.

Un ejemplo, para la coordinadora, es la propuesta SB 1099. El proyecto podría impactar a las familias inmigrantes mientras llevan a sus hijos a la escuela, explicó.

La legislación que aún no es ley, tiene como meta darle más recursos a las escuelas en distritos donde se ha registrado mayor actividad delictiva para que aumente la presencia de policías en sus premisas.

Por ahora la SB 1099 fue aprobada en el Senado, y en varios comités de la Cámara de Representantes, pero para convertirse en ley deberá contar con la firma del gobernador republicano Doug Ducey quien aún no ha comentado al respecto de la propuesta de ley.

Qué es la ley SB 1099

Es una propuesta que modifica la forma en que se adjudican fondos a las escuelas para que tengan seguridad policíaca a través de un programa que se creó en 1994. El proyecto le da la responsabilidad de decidir qué escuelas reciben fondos al Departamento de Educación y la Junta Educativa Estatal.

Actualmente, la decisión de destinar estos fondos está en manos del Comité de Supervisión de Seguridad Escolar. Con el presupuesto del 2017, el programa permitió que 122 oficiales de policía y oficiales de libertad condicional para menores de edad trabajen en 139 escuelas.

De convertirse en ley la propuesta ampliaría los requisitos ya existentes permitiendo que cada escuela solicite la participación en el programa.

Para obtener estos fondos la escuela deberá incluir una descripción detallada de las necesidades de seguridad escolar o del distrito escolar, así lo afirmó la senadora republicana Kimberly Yee, quien también es la principal patrocinadora de esta propuesta.

Cómo podría afectar a la comunidad inmigrante

La propuesta romperá la conexión y confianza que los padres tienen en las escuelas, opinó Gallardo.

“Esto realmente genera miedo”, dijo Gallardo porque asegura que muchos padres pueden estar expuestos aún más a leyes como la SB 1070 cuando transportan a sus hijos.

Una parte de la ley SB 1070 que continúa en efecto después de una decisión de la Corte Suprema, requiere que un policía indague sobre el estatus legal de una persona detenida por algún delito o infracción si tiene sospechas de que se encuentra en el país ilegalmente. También hace que sea obligatorio que reporte a esa persona con autoridades de inmigración.

“Una madre indocumentada que lleva a la escuela a sus hijos, y lo primero que ve ahí es un policía, pues claro que esto da más miedo en acercarse”, agregó Gallardo.

Para la senadora Yee, autora de la propuesta, el atemorizar a la comunidad inmigrante no es la intención de su proyecto de ley que en se enfoca en “la seguridad escolar”.

Gallardo también agregó que en lugar de poner más policías en las escuelas deberían de invertir el dinero en aumentar el sueldo de los maestros o en una mejor consejería en los distritos escolares.

“Están haciendo la educación más difícil”, dijo José Soria, un voluntario de LUCHA, esto es porque en su opinión la presencia de los policías crea obstáculos para la familias que en muchos casos migraron a Estados Unidos con la esperanza de que sus hijos se superen académicamente.

Al igual que la SB 1099 hay otras propuestas que podrían convertirse en ley. La HB 2086 es una de ellas, cuyo propósito es negar cualquier tipo de identificación local para inmigrantes indocumentados que residen en el estado, y la HB 2121 que penaliza a las ciudades o estados que quieran hacerse santuarios negándoles fondos federales.